NUESTROS CASOS


   

Esté al día de nuestros últimos casos. 

 

Por  medio de esta sección damos la oportunidad a lector de compartir el planteamiento, desarrollo y conclusión de casos reales que este despacho ha afrontado en la defensa de sus clientes. Son resúmenes en los que incluimos el problema planteado, la estrategia desarrollada y la resolución final del asunto, todo ello con un consejo o moraleja final de la que rara vez este que escribe se puede sustraer.

Lógicamente es sólo una pequeña selección, siempre utilizando resoluciones ya firmes, esto es, sin que quepa ya discusión sobre el asunto tratado y por supuesto, elegida de entre temas o áreas de las que entendemos pueda el lector sacar algún provecho por su utilidad o actualidad.

 


8 DE NOVIEMBRE DE 2017 SOBRE NUESTRO DESPACHO – DERECHO DE FAMILIA Y RECLAMACIÓN DE ALIMENTOS DE HIJO MAYOR DE EDAD A UNO DE LOS PROGENITORES

En virtud de resolución de la magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de los de Huelva, se estimaba la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario y se requería al demandante para que ampliara la demanda sobre el otro progenitor.

Nos adentramos en el caso y explicamos qué es esto de la falta de litisconsorcio pasivo necesario y hasta qué punto un <despiste o el siempre complejo y endemoniadamente interpretable ordenamiento jurídico> nos puede llevar al desastre procesal.

Resulta que la demandante, mayor de edad y que no convivía con ninguno de los progenitores, divorciados a su vez, demanda al paterno en petición de alimentos. Hasta ahí todo normal, salvo por el hecho de no demandar al mismo tiempo a la progenitora materna. Este <defecto> es el que es denunciado por nosotros al entender que la relación procesal que principia con la demanda no está correctamente constituida, pues carece del necesario litisconsorcio. Y qué demonios es esto? Pues bien y para no aburrir a propios y extraños, se trata de la obligación de entablar el pleito contra todos aquellos cuyos derechos se integran en la relación jurídica material que se debate y en este caso, en nuestro caso, la relación jurídica que se debate es la obligación de alimentos para con esa mayor de edad, a quien deben prestar alimentos ambos progenitores, que se encuentran en la misma posición de obligados a satisfacerlos y quienes serán tras la prueba que se practique en el juicio los que tengan que hacer frente a las necesidades de la hija común y mayor de edad, en proporción a sus respectivas posibilidades.

Resultado: meses de trabajo perdidos y vuelta a empezar….Nos vemos en otra entrega.

16 DE MARZO DE 2017 SOBRE NUESTRO DESPACHO- DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y RECLAMACIÓN ECONÓMICA A FUNCIONARIOS LOCALES

En la fecha citada el Juzgado de lo Contencioso nº 2 de los de Huelva, dictaba sentencias, tantas como 57, en favor de los 57 funcionarios locales que este despacho ha tenido el honor de defender en asunto del siguiente tenor:

En acuerdo de 2004, el Pleno del Ayuntamiento concernido acuerda la percepción de complementos salariales. Por entender que el Acuerdo vulnera la legislación aplicable la Abogacía del Estado lo impugna y por sentencia del TSJA de 13 de noviembre de 2008 se declara la nulidad del mismo. Por su parte, en el año 2006, es decir, cuando está recurrido el acuerdo pero aún no hay sentencia, el Consistorio municipal abona las cantidades económicas 

Hasta aquí estos hechos, pero es importante que no pasemos por alto que la impugnación por parte de la Abogacía del Estado solicitaba la declaración de la nulidad del Acuerdo y no extendía la petición a la devolución de las posibles cantidades que se pagaran sobre la base del mismo. Es más, el mismo Ayuntamiento solicitó aclaración al Juzgado de lo contencioso y así saber si la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (para que nos aclaremos, ejecutar una sentencia es llevarla a efecto, que se cumpla en los términos que se expresan en el Fallo) incluía la remoción de los efectos ya producidos del acto declarado nulo (en nuestro caso, la devolución de las cantidades entregadas a los funcionarios en 2006, que traían causa del Acuerdo de 2004, y que no fue declarado nulo hasta 2008) y la contestación del Juzgado a esta petición de aclaración fue la siguiente:

Por Auto (es un tipo de resolución de las que emiten los jueces y tribunales) de 27 de diciembre de 2011, se aclara que la Sentencia, en consonancia con lo pedido por la demanda, se limita a declarar la nulidad del Acuerdo, desestimando que la ejecución de sentencia incluyera la devolución de las cantidades percibidas en cuanto “No cabe instar incidente de ejecución de sentencia para obtener nada más que lo expresamente declarado en el título que se pretende ejecutar, sin perjuicio de que a la Administración corresponde, a la vista de la sentencia, adoptar cuantos acuerdos considere procedentes, que quedarán sometidos al régimen propio de recursos administrativos y judiciales, como tales actos administrativos”.

Así pues y después de este rollo, dos cosas deben quedarnos claras: la primera, ojo, que sólo lo que pidamos es lo que puede llegar al fallo de la sentencia (al menos en materia que no sea de orden público, pero esto sería objeto de otro comentario) y en consonancia con lo anterior, sólo lo que integra el fallo de la sentencia lo podemos llevar a efecto, quedando fuera todo lo demás.

Al final, la Administración reclamante no pudo recuperar las cantidades interesadas, por dos razones: La primera, no había tomado en todo este tiempo los acuerdos necesarios para instar la devolución y la segunda, no podía de ninguna manera pretender la devolución instando una ejecución de resolución judicial que no habilitaba para ello.

Como ya hemos dicho en otras ocasiones, en Derecho pocas veces resulta algo obvio y sencillo…Hasta la próxima.


23 DE FEBRERO DE 2017 SOBRE NUESTRO DESPACHO – RECLAMACIÓN DE CUOTAS DE HIPOTECA Y OTROS GASTOS ENTRE EXCONYUGES

La sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva nº 121, de su Sección Segunda, Civil, de 23 de febrero de 2017 ha mantenido, en lo esencial, la sentencia de primera instancia del Juzgado nº 2 de Palma del Condado, que nos daba íntegramente la razón.

El caso es el siguiente: una pareja divorciada y con una vivienda hipotecada en común. El ex marido, nuestro cliente, ha procedido a inventariar el activo y el pasivo de la  extinta sociedad de gananciales con su ex pareja (esto es y muy a grossso modo, lo que se ha conseguido y lo que se debe tras los años de matrimonio) y he ahí que en ese inventario no constan, y aquí reside el problemón, las cuotas de hipoteca que él en solitario está pagando desde que se divorciaron hace ya siete años. Si no está inventariada dicha partida no va a poder cobrarla en la liquidación de los gananciales y la pregunta que habíamos de responder es si podíamos encontrar otro medio para reclamar estas cantidades o si por el contrario, se verían abocadas a su pérdida.

Decidimos accionar conforme al artículo 1145 Código Civil, que permite la reclamación entre codeudores solidarios de las deudas que uno sólo de ellos va afrontando, todo teniendo que cuenta que la situación de indivisión patrimonial se mantiene, pues no se ha llegado a liquidar el inventario y que en dicho inventario no se previó que habrían de abonarse en el momento de la efectiva liquidación las cantidades que uno de los dos hubiera puesto para mantenimiento del patrimonio común.

La respuesta de los Tribunales ha sido clara: las cantidades que no se han inventariado (incluidas las que se puedan destinar por alguno de los dos para afrontar los gastos y obligaciones para sostenimiento de los bienes comunes hasta su completa disolución tras el divorcio) no se pueden adicionar con posterioridad por lo que sólo cabe utilizar la vía del procedimiento declarativo que corresponda.

Pensemos por un momento que instamos la liquidación y pretendemos que en ella mi cliente pueda cobrar lo que ha venido en los últimos años adelantando para mantener al día hipoteca e impuestos que gravan la vivienda; a buen seguro la pretensión hubiera sido rechazada y liquidada la vivienda sin cobrar esa deuda, se haría casi imposible cobrarla con posterioridad salvo que la situación económica de la parte deudora lo permitiera.

Corolario: Como siempre, en Derecho las cosas no se parecen nada a lo que podemos imaginar desde el desconocimiento y la lógica ordinaria y la selección del camino a tomar tanto como el momento en el que se toma puede condicionar para siempre el resultado. Quedan avisados.


25/02/2016 SOBRE NUESTRO DESPACHO – GASTOS DE TRANSPORTE PARA CUMPLIR EL RÉGIMEN DE VISITAS

Por resolución de 25 de febrero de 2016 la Audiencia Provincial de Sevilla confirma la sentencia del Juzgado de Primera instancia nº 7 de Sevilla (Familia), de fecha 19 de febrero de 2015, que ya nos había dado parcialmente la razón sobre la necesidad de cambiar el régimen de visitas y la compensación a afrontar por la progenitora de una parte de los gastos que el progenitor hace frente cada vez que acude a ver al menor común.

El caso se presenta con estos mimbres: padre y madre no casados progenitores comunes de un menor. La relación se rompe y no se tiene en cuenta a la hora de establecer las medidas sobre comunicaciones y visitas que, tras la resolución judicial, el progenitor paterno se queda sin el derecho de uso de la vivienda y que va a tener que trasladarse, por falta de medios económicos, a una vivienda familiar situada a más de cien kilómetros de distancia. En estas condiciones, las visitas intersemanales se hacen inviables tal y como se han previsto en la resolución, que a su vez no ha establecido de qué manera debe hacerse frente al coste que supone el cumplimento de las visitas de fines de semana y el resto de las comunicaciones.

Así pues, la forma de razonar que nos permite la estimación parcial de la demanda de modificación es, por una parte, que la situación de partida ha cambiado sustancialmente, pues no es lo mismo vivir en la misma ciudad que a más de cien kilómetros, cosa que hace inviable desde cualquier punto de vista que se puedan realizar satisfactoriamente dos visitas intersemanales de tres horas cada una y dos, los gastos de desplazamiento que se realizan para visitar al menor son en beneficio del mismo y deben contribuir ambos progenitores en la medida de sus posibilidades al normal desarrollo de las citadas comunicaciones.

Ambas circunstancias fueron tenidas en cuenta por el órgano de enjuiciamiento, que se hizo eco también de la última jurisprudencia emanada por el Tribunal Supremo en la materia, que por Sentencia de 26 de mayo de 2014, establecía los parámetros a tener en cuenta en la resolución de este tipo de pendencias, siempre sobre la base de dos principios fundamentales, el interés del menor (artículos 39 CE y 92 CC) y el de reparto equitativo de cargas (artículos 90 y 91 CC).

Sobre esta base, el juzgado sustituyó las visitas intersemanales por el disfrute por parte de nuestro cliente de las vacaciones escolares de junio y septiembre, compensando de esta manera el tiempo que perdían de relación y por otra parte, estableció una compensación económica mensual en favor de nuestro cliente por los gastos en que incurre por los desplazamientos para comunicar con el menor.

Esta solución, que parece de cajón, no se alcanzó sino luego de un largo tiempo de enfrentamiento judicial y con no pocos sobresaltos para nuestro cliente, que veía como por motivos de distancia y económicos, le era absolutamente imposible cumplir con las visitas intersemanales impuestas, lo que llevaba a la otra parte, sistemáticamente, a ejecutar sin miramientos la sentencia o a poner denuncia penal por dicha causa.

Por todo lo anterior, se hace absolutamente necesario que en materia de comunicaciones, visitas, pensiones de alimentos, etc, se analice cuidadosamente la situación que la previsible resolución judicial va a establecer y si  vamos a estar en condiciones de cumplirla medianamente, para informar a nuestro abogado con todo lujo de detalles y éste pueda plantear al órgano judicial la situación en términos razonables. Con esto y siempre un poco de suerte, quizás nos evitemos situaciones muy pero que muy complicadas. 


15/12/2015 SOBRE NUESTRO DESPACHO - DERECHO HEREDITARIO. DESAHUCIO ENTRE HERMANOS COHEREDEROS.

El 15 de diciembre de 2015 el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Ayamonte, dicta sentencia a favor de nuestro cliente y desestima plenamente la pretensión de sus hermanos demandantes, quienes habían instado desahucio por precario contra nuestro representado.

El caso trae causa de una herencia previa, en la que cuatro hermanos heredan de sus padres una vivienda. La vivienda está desocupada largo tiempo hasta que una de las hijas, nuestra clienta, tras un divorcio y por problemas económicos, decide ocuparla.

La demanda de los hermanos se basa en lo siguiente:

Primero, ellos son herederos de una comunidad hereditaria sin partir.

Segundo, la demandada, nuestro cliente, habita y ocupa el citado inmueble con exclusividad, sin autorización de los restantes herederos y sin pagar renta a la comunidad hereditaria.

La estrategia de este despacho se centró en negar la existencia de la citada comunidad hereditaria, pues los herederos habían aceptado la herencia en virtud de escritura de aceptación y partición de herencia y se habían hecho propietarios al 25 % de la citada propiedad y por otra parte, el uso que hacía mi cliente de la propiedad no era exclusivo ni excluyente, pues en nada impedía el uso de los otros hermanos y además, contaba no sólo con el apoyo de su participación del 25%, también con el apoyo de la participación de otro 25% en la persona de otro de sus hermanos, no demandante, con lo que sumaba al menos el 50 % de la propiedad.

Este conjunto de factores robustecían nuestra posición hasta el extremo de poder alegar que nuestro cliente no era un precario, pues tenía título (copropietario al 25 %), no había comunidad hereditaria de la que los hermanos demandantes fueran garantes (pues la herencia se había ya partido y adjudicado, convirtiendo a los herederos en comuneros ahora) y  los demandante carecían de legitimación activa al no superar el 50% de las cuotas de la propiedad.

Con estos argumentos Su Señoría falló a favor de nuestra representada, haciendo recorrido jurisprudencial por sentencias del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2012 y 8 de mayo y 26 de febrero de 2008 entre otras.

En definitiva y como comentario final, como en la vida misma, las cosas no son en Derecho lo que a primera vista parecen con mucha frecuencia. Estemos prevenidos.


6 DE MAYO DE 2015. SOBRE NUESTRO DESPACHO- MODIFICACIÓN DE MEDIDAS Y CARÁCTER RETROACTIVO

En dicha fecha el juzgado de primera instancia nº 7 de Huelva (familia) dicta sentencia, ya firme, que da la razón a este bufete.

El asunto es el siguiente: pareja divorciada con obligación por parte del ex marido de abonar pensión compensatoria a la ex esposa. La ex esposa contrae matrimonio en 2009, momento a partir del cual el ex marido deja de pasar dicha pensión por haberse extinguido el derecho a la percepción de la misma (artículo 101 Código Civil). Pero como las cosas en la vida se pueden complicar mucho y en Derecho aún más, la situación económica de la ex esposa y de su pareja se hace complicada por la situación de crisis generalizada y entonces <recuerdan>, unos cuatro años después de contraer matrimonio y de haber dejado de percibir la pensión, que hay una sentencia no modificada que resuelve a favor del pago mensual de una cantidad en concepto de compensatoria.

Antes de continuar y en aras a despejar dudas con respecto, diremos que la sentencias de regulación de medidas en Derecho de Familia pueden modificarse si cambian las circunstancias que dieron origen a dicha resolución cumpliendo una serie de requisitos. En el presente caso, acaecido el matrimonio posterior entre la acreedora de la pensión y tercera persona, cabe sin duda alguna la modificación de la sentencia con extinción de la misma. Problema,  desde el hecho extintivo (el matrimonio), nada se había hecho y ahora reclamaba la ex esposa la cantidad de pensión <adeudada> desde que contrajo matrimonio con tercera persona. Esto es, una locura y un lío al mismo tiempo, pues todo hay que decirlo, salvo excepciones, como tendremos ocasión de comprobar, la modificación de una sentencia tiene efectos desde que la misma se dicta pero no despliega efectos retroactivos.

El cliente llega a este despacho con nómina embargada y una deuda de unos 17.000 euros, ahí es nada y nuestra tarea es desde ese momento intentar NO YA QUE SE EXTINGA LA PENSIÓN COMPENSATORIA, a eso dejó de tener derecho desde el momento en que contrajo nuevo matrimonio, sino que la citada extinción tenga carácter retroactivo, ESTO ES, LA SENTENCIA DEJE SIN EFECTO LA PREVISIÓN DE PENSIÓN DESDE EL MISMO MOMENTO DE LA FECHA DEL MATRIMONIO, para así poder levantar el embargo y recuperar el dinero.

La estrategia de defensa pasa por seguir los pronunciamientos jurisprudenciales que entienden que, excepcionalmente Y PARA EVITAR EL ABUSO DE DERECHO Y EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA (artículo 7 del Código Civil y construcción jurisprudencial respectivamente) la modificación de medidas debe tener efecto retroactivo.

La juzgadora acogió felizmente nuestra tesis y pudo levantarse la ejecución que embargaba a nuestro cliente así como reclamarse la cantidad hasta ese momento indebidamente cobrada.

A futuro y como aviso a navegantes: El Derecho ofrece singularidades legales e interpretativas que no siempre se acomodan a lo que a todos nos puede parecer lógico y normal. No dé nunca  nada por sentado y asesórese por su abogado de confianza, al igual que hace con su médico, veterinario, arquitecto, farmacéutico o cualquier otro profesional. Siempre esto es más barato y mejor que <yo imaginaba, pensaba, es lógico, estaba claro….>.


01/03/2015 SOBRE LAS SUPRESIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES A LAS PERSONAS FÍSICAS

Por medio de RD Ley 1/2015, de 27 de febrero, publicado en el BOE el día 28 del mismo y en vigor desde el día 1 de marzo de 2015, que ha venido entre otras cosas a modificar el artículo 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la administración de justicia y del instituto nacional de toxicología y ciencias forenses (la tristemente famosa LEY DE TASAS), las personas físicas están en todo caso exentas del abono de la tasa.

Sin duda alguna, una fantástica noticia para muchas familias. Desgraciadamente llega tarde para muchos que se han visto <expulsados del sistema> al no poder hacer frente al pago de la tasa, un <carísimo peaje> para poder litigar o recurrir una resolución con la que no estaba de acuerdo y por otra parte, no incluye la exención ni a pequeñas ni a medianas empresas. Así pues, sólo satisfacción a medias.


15 AGOSTO 2013 SOBRE NUESTRO DESPACHO-DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO Y CONSUMIDORES

Nuestro despacho consigue la devolución del 80% de la cantidad cobrada a nuestros clientes a la firma de contrato de vacaciones de larga duración celebrado en la ciudad de Mexico DF.

El caso se ha presentado con la firma por parte de nuestros clientes de contrato de producto vacacional de larga duración en la ciudad de México, con filial de muy importante empresa hotelera con intereses en Sudamérica y España especialmente. El contrato incluía contrato accesorio y el sometimiento a los tribunales y legislación mexicana para todos los posibles problemas que pudieran surgir, en el caso del contrato principal, y con sometimiento a los tribunales y leyes de Panamá para todos los conflictos que pudieran darse en el caso del contrato accesorio. El mismo día de la firma de los contratos se procedió al cobro mediante tarjeta de crédito de importantes cantidades económicas referidas a los contratos.

Los problemas empezaron nada más llegar a España y pretender nuestros clientes, una vez se lo habían pensado mejor, dar por terminada la relación contractual y recuperar su dinero. Hemos de pensar que este tipo de contratos, sólo hace falta ver su articulado, están hechos para dificultar hasta la extenuación las posibilidades de defensa de los consumidores, que a miles de kilómetros de distancia, ante entramados empresariales y dificultades jurídicas de todo orden, prefieren en no pocas ocasiones dar por perdido el dinero.

En esta ocasión, resultó que la importante compañía tiene presencia en Europa, además de en Iberoamérica, y cuenta con varios establecimientos en España. Esto resultó clave para la estrategia de defensa pues conforme a la normativa de la Unión Europea y la española que la desarrolla en esta materia (Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias) el hecho de que el empresario dirija estas actividades profesionales al país donde el consumidor tenga su residencia habitual y el contrato este comprendido en el ámbito de dichas actividades, posibilita que sea competente la jurisdicción del estado del consumidor y que se pueda aplicar la normativa europea y nacional de consumo (Reglamento (CE) número 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil; Reglamento (CE) numero 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (ROMA I)), infinitamente más protectora para los intereses del consumidor que la que se recogía en los acuerdos.

Con estos mimbres, una dura negociación acabó en un acuerdo extrajudicial con el resultado que se expone al principio del texto.

Moraleja, Muchísimo ojo cada vez que firmemos un contrato, más aún si lo firmamos a miles de kilómetros de distancia y el clausulado, según vayamos leyendo, nos está pareciendo cada vez más difícil de entender y nos envía, en caso de conflicto, a pleitear a terceros estados y conforme a leyes foráneas.


29 JULIO 2013 SOBRE NUESTRO DESPACHO-DERECHO INTERNACIONAL DE FAMILIA- SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENOR

Nuestro despacho consigue sentencia favorable del Tribunal de Distrito nº 1 de Estocolmo de fecha 29 de julio de 2013, en virtud de cuya resolución se hace devolver a España a menor de madre española y padre de tercer estado con residencia en Suecia.

El caso se presentó de la siguiente forma: madre española y padre noruego que viven en Suecia inicialmente. Allí viven durante los primeros años de vida de la menor común, no están casados y tienen firmado acuerdo de guarda y custodia compartida. Al volver a España la pareja se separa de hecho poco después. No se establece ningún tipo de medidas judiciales y las relaciones entre los padres y las visitas se desarrollan con normalidad hasta la navidad de 2012, cuando el padre se lleva a la menor, ya con seis añitos, a lo que iban a ser otras vacaciones en Suecia. Terminadas las mismas, no devuelve a la menor a España ni permite que la madre la traiga. Allí la matricula en un centro escolar.

El caso lo planteamos desde una doble perspectiva, ante la jurisdicción española, por una parte, entablando demanda de guarda y custodia, al mismo tiempo que poníamos demanda internacional de restitución del menor, por otra, a través del Ministerio de asuntos exteriores. La idea era la siguiente, obtener por una parte resolución conforme al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en la Haya el 25 de octubre de 1980, que permitiera la restitución inmediata del menor para con su madre, y la obtención ante la autoridades judiciales españolas de resolución que atribuyera la guarda y custodia a nuestra cliente para poder solicitar su declaración de ejecutoriedad ante los órganos judiciales de la Unión Europea, de ser ello necesario, conforme al Reglamento (CE) número 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) número 1347/2000.

Apenas tres días después de la resolución sueca, el menor fue devuelto en cumplimiento voluntario de la resolución sueca. A su vez, por resolución del Juzgado de Primera instancia nº 4 de Ayamonte se dictó sentencia el 22 de julio de 2014, que concedía la guarda y custodia a nuestra cliente.

En resumen, de ninguna manera la existencia de resolución judicial que discipline las obligaciones de los progenitores después de la ruptura, recíprocamente y para con los hijos comunes, puede evitar comportamientos del todo reprochables, pero sin duda, facilita la defensa y la consecución del resultado deseado en menos tiempo, y ellos dos son elementos que debemos tener muy en cuenta.